Desde el mes de febrero de este año, el hospital José M. Gomendio cuenta con nuevas autoridades. El nuevo director es el Dr. Ricardo Vales y la nueva administradora es la señora Marta Oliveros. Con ella dialogamos en Ramallo City sobre la actualidad del nosocomio y los últimos acontecimientos de índole gremial que derivaron en una denuncia penal.

Con respecto a esto último, Oliveros comenzó diciendo: “Desde fines de mayo hubo una retención de servicios, esto significa asistir a tu lugar de trabajo pero no trabajar.  Luego vinieron los paros. Entendemos que los sueldos de los empleados municipales son bajos, no alcanzan a cubrir la canasta familiar y es algo que le pasa al empleado municipal y a muchísima gente de la Argentina. El derecho de huelga está consagrado, yo soy sindicalista, no puedo negar la realidad pero hay leyes que nos competen. Los servicios esenciales se deben preservar y como sindicalistas te digo que los tienen que asegurar los gremios.  Pero no ha ocurrido así”.

“Nosotros nos hemos encargado de cubrir mínimamente los servicios. Los habitantes de Ramallo han recibido la atención correspondiente dentro de nuestro hospital. A muchos se les obligó a no trabajar, entonces tuvimos que acudir nosotros para garantizar el trabajo. Claramente esto es violencia institucional cuando no le permitís al trabajador que haga lo mínimo que le pedís y nosotros no vamos a responder con lo mismo. En el hospital estaba garantizada la guardia pero en las unidades sanitarias de Pérez Millán y Villa Ramallo hubo un servicio menor al mínimo, que lo aseguramos nosotros con un ambulanciero, un médico y una enfermera. Además, estuvo cerrada la administración completamente en las dos unidades sanitarias. El paro hecho por CICOP fue el que agravó un poco más la situación porque se adhirieron los médicos, salvo los médicos que estaban de guardia”, se explayó la administradora.

Tal como reflexionó Marta Oliveros durante la entrevista, Pérez Millán se encuentra a 60 km de la ciudad cabecera por lo que nos preguntamos qué hubiera pasado en caso de ocurrir un accidente o tener que atender a más de una persona a la vez: “Aclaro que no hacemos responsables a los directores. Las responsabilidades pasan por otro lado, tal como lo expresó el director del hospital en una denuncia penal para preservar la salud de los habitantes. No se está inculpando a nadie, cada uno tendrá que dar sus explicaciones de lo que ha pasado. Es la primera vez que pasa una cosa así. Me imagino que habrá preocupación en la cabeza de algunas personas”.

Profesionales de planta permanente que cobran sueldos de entre $400.000 a $1.000.000. De febrero a hoy se han duplicado y más el valor de las guardias, pasando de cobrar $35.000 a $100.000. Un depredador contexto inflacionario en el que los aumentos se pierden, pero están. Un municipio que ofrece aumentos mayores al de otros municipios y sin embargo los paros salvajes siguen siendo recurrentes. “Esto es profundamente político, así como nos acusan a nosotros de ser oficialistas ellos son opositores. De parte de los trabajadores no, pero de parte de los dirigentes los paros están politizados. Desde que ingresé yo he recibido a un solo gremio y el planteo que han hecho ha sido por cosas que rozan la ilegalidad como ser reclamar por trabajadores que no trabajaban y cobraban adicionales importantes. El hospital invertía dinero que es del pueblo y puede servir para comprar medicamentos, en trabajadores que no trabajaban”, señaló la administradora.

Una pesada herencia arrastra el hospital que no solo tiene que ver con la deuda económica de casi $50.000.000 sin actualizar por parte de las obras sociales, sino también con la desidia, la irresponsabilidad y la falta de compromiso y profesionalismo de quienes deberían haber cuidado los bienes que, gracias a donaciones, el hospital pudo obtener: “Cuando ingresamos nos interiorizamos de que el equipo móvil, la ambulancia de última generación donada por Siderar, estaba desde diciembre en un taller porque está fundida. El intendente no lo sabía, nadie se lo había dicho, se lo comunicamos nosotros. Arreglarla cuesta $1.500.000. Iniciamos un sumario administrativo, que creo que es la primera vez que se hace, para investigar qué pasó. También, desde el 15 de febrero no funciona más el tomógrafo; el tubo se quemó. Los técnicos que vinieron a verlo dijeron que tuvo un uso excesivo. El arreglo sale entre 45.000 y 50.000 dólares. El responsable del tomógrafo ganaba arriba de $1.500.000. Ahora se le asignaron otras tareas. También tuvimos problemas con el ecógrafo que lo pudimos recuperar y con el tomógrafo portátil, cuyo arreglo cuesta $1.000.000 y en estos días lo estamos recuperando. También tuvo un uso excesivo en los últimos años. Tampoco hubo mantenimiento de equipos y no había un protocolo. Ahora el Dr. Vales está armando uno. Por otro lado, la medicación está asegurada porque pusimos la cara y nos comprometimos con los proveedores que nos dieron crédito otra vez”, remarcó Marta Oliveros.

Nos queda pensar y reflexionar en lo que pasó y en lo que pasa en nuestro hospital. ¿Los mismos que hoy reclaman son los que fundieron una ambulancia y la escondieron en un taller? ¿Son los que deliberadamente rompieron un tomógrafo? La clara politización del hospital nos lleva a estas hipótesis tristes que, de ser ciertas, son una vergüenza para toda la sociedad ramallense y los responsables deberán ser duramente sancionados.